El grupo social más afectado por la crisis de 2007 y la recesión ha sido sin duda, junto con el de los mayores de 45 años sin empleo, el de los jóvenes. Conviene aclarar que el mercado laboral español ya era antes de 2007 poco permeable a la entrada de nuevas generaciones en el empleo, pero lo cierto es que en los últimos diez años las dificultades de los grupos con edades inferiores a los 30 años se agudiza hasta niveles de alarma social. La tasa de paro entre los 15 y los 24 años alcanza el 37,5% (la media en la UE es del 16,6%); la tasa de temporalidad de los menores de 29 años es del 57% y la renta media de los de menos de 35 años ha descendido el 25% entre 2008 y 2014.
Este cuadro social dramático, ensombrecido además con un fenómeno de emigración forzosa, refleja a la perfección las profundas debilidades de la recuperación económica (más bien recuperación macroeconómica) y mide con mucha aproximación alguna de las deudas sociales que tiene contraídas la política económica española, basada casi exclusivamente en la reducción salarial y las ventajas de las empresas para ajustar empleo. Nunca se insistirá lo suficiente en que para hablar de plena recuperación es obligado aumentar la tasa de empleo y de ocupación, reducir los desproporcionados niveles de empleo entre los jóvenes y los mayores de 45 años y bajar la temporalidad y la precariedad. Esto se consigue incentivando la productividad de la economía y el valor añadido; las ayudas esporádicas y las subvenciones a la contratación son solo soluciones a corto plazo. Que los jóvenes no ocupen las calles no es signo de indiferencia ante su suerte; probablemente participan en otras protestas de colectivos con problemas similares y concomitantes con los de la juventud. Con su despreocupación por los jóvenes, la economía española está tirando por la borda el gasto en educación y los impulsos renovadores que necesita la maquinaria económica.
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